Denunciaron a Mercado Pago por cobrar tasas de hasta 1375% anual en sus préstamos

El exlegislador porteño Gabriel Solano presentó una denuncia penal contra Mercado Pago por las tasas aplicadas en algunos de los préstamos que la plataforma ofrece a sus usuarios. Según sostuvo, el costo financiero total efectivo anual puede alcanzar hasta el 1375%.

El dirigente del Partido Obrero calificó el mecanismo como «usura» y aseguró que afecta principalmente a trabajadores que, frente a las dificultades para obtener financiamiento a través de bancos tradicionales, recurren a las líneas de crédito disponibles en la aplicación.

«Estamos ante un verdadero mecanismo de usura, que se aprovecha de quienes necesitan dinero para llegar a fin de mes», afirmó Solano al dar a conocer la presentación.

La denuncia fue fundamentada en el artículo 175 bis del Código Penal, que establece sanciones para quienes, aprovechándose de la necesidad, ligereza o inexperiencia de una persona, le hagan pagar intereses u otorgar ventajas económicas evidentemente desproporcionadas.

Uno de los principales cuestionamientos de Solano apunta a la diferencia entre las condiciones financieras que la empresa ofrecería en Argentina y en otros países. El dirigente señaló que en Brasil el costo financiero efectivo anual de los préstamos de la compañía se ubicaría alrededor del 63,13%, muy por debajo de los niveles denunciados para el mercado argentino.

«Mercado Pago está haciendo un negocio extraordinario con la necesidad de millones de trabajadores que no pueden acceder al crédito bancario», sostuvo.

Como comparación, Solano mencionó las líneas disponibles en el Banco Nación y los mecanismos de refinanciación ofrecidos a determinados deudores, que presentan tasas considerablemente inferiores.

La denuncia también pone el foco sobre el creciente peso de los servicios financieros dentro de la actividad de Mercado Libre en Argentina. De acuerdo con los datos citados en la presentación, las operaciones financieras representaron el 64,3% de la facturación de la compañía en el país, superando a los ingresos provenientes del comercio electrónico.

Ahora será la Justicia la encargada de analizar la presentación y determinar si corresponde avanzar con una investigación sobre las condiciones de los préstamos cuestionados.