El decreto de Milei flexibiliza la elección de jueces de la Corte Suprema: un retroceso en la transparencia judicial

El Gobierno de Javier Milei publicó un decreto que flexibiliza el proceso de designación de jueces para la Corte Suprema de Justicia, eliminando las instancias de participación ciudadana y los criterios de diversidad que regían desde 2003. Esta decisión plantea un claro retroceso en los mecanismos de control y transparencia establecidos para evitar nombramientos alineados exclusivamente con el Poder Ejecutivo.

Las modificaciones derogaron aspectos centrales de los decretos 222 y 588 de junio y agosto de 2003, elaborados durante la presidencia de Néstor Kirchner con el objetivo de profesionalizar y transparentar el sistema de selección de supremos y altos funcionarios judiciales. En aquella época, se buscó frenar las designaciones “adictas” que degradaban la independencia judicial. Ahora, la Casa Rosada, a través del ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques, argumenta que se trata de una «modernización» para eliminar supuestas duplicaciones y agilizar el procedimiento.

La nueva normativa suspende la publicación en medios de circulación nacional de los antecedentes de los candidatos, limitando toda difusión a la página oficial del Ministerio de Justicia. Se elimina el periodo de exposición pública de 15 días en el que se recibían impugnaciones de particulares y organizaciones civiles, así como la declaración detallada de bienes y vinculación con asociaciones o estudios jurídicos.

Además, se elimina la recomendación de considerar la diversidad de género, especialidad jurídica y procedencia regional, factores esenciales para reflejar la pluralidad federal del país y promover una Corte que no sea homogénea ni centralista.

Este decreto no solo afecta la designación de jueces del máximo tribunal, sino que también modifica las reglas para la selección del Procurador General, del Defensor General, y de magistrados de tribunales federales inferiores, ampliando la influencia del Poder Ejecutivo en el conjunto del sistema judicial.

La publicación de este decreto se produce tras la aprobación de 74 pliegos de jueces y fiscales que había recuperado cierto entusiasmo en la Casa Rosada para intervenir más directamente en el Poder Judicial. No es la primera vez que el oficialismo ignora la normativa de 2003: Mauricio Macri ya había pisado esa senda, aunque terminó rectificando; Milei, en cambio, mostró una postura más firme cuando designó en comisión a Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla, este último enfrentó una crisis institucional que llevó a su renuncia.

Estas movidas refieren a un proyecto político que busca redistribuir poder, pero a costa de procesos institucionalizados que velan por la independencia judicial y la representatividad democrática. La flexibilización judicial implementada por esta administración resuena como una señal de alerta sobre las condiciones de equilibrio de poderes en Argentina.