El fallo de la Corte reactiva la batalla por la Ley de Tierras: el peronismo desafía el DNU 70 y el oficialismo busca blindajes parlamentarios

El reciente dictamen de la Corte Suprema que anuló la cautelar que obstaculizaba la derogación de la Ley de Tierras ha tensado nuevamente el ambiente político, trasladando el conflicto al Congreso y profundizando la fractura entre el oficialismo y la oposición.

Desde el sector peronista, a través del bloque Fuerza Patria, se confirmó la convocatoria a una sesión especial en la Cámara baja para intentar anular el polémico Decreto de Necesidad y Urgencia 70/23, instrumento mediante el cual el presidente Javier Milei derogó la ley que regulaba la propiedad rural. Germán Martínez, titular de ese bloque, ratificó el plan para consolidar el rechazo al DNU, que ya había sido impugnado previamente en el Senado.

Veteranos de Malvinas y una disputa que continúa más allá de la Justicia

La estrategia opositora tomó impulso tras una reunión entre diputados del peronismo y representantes del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM), quienes habían iniciado el reclamo en la Justicia antes de que la Corte Suprema decidiera no admitir su acción por falta de legitimación. Aunque el máximo tribunal desestimó la vía judicial, aclaró que no dejó firme la constitucionalidad del decreto, abriendo un juego político para que la pelea se dirima en el Congreso.

En este contexto, el bloque oficialista analiza cómo sostener el decreto ante la embestida opositora. Evalúa reflotar un proyecto ya aprobado en el Senado que garantizaba la Inviolabilidad de la Propiedad Privada, pero que inicialmente había cedido en su capítulo que modificaba el régimen de tierras rurales para conseguir apoyo político.

Una negociación con ribetes contradictorios

El proyecto, impulsado desde el Ejecutivo y liderado por el ministro de Economía Federico Sturzenegger, persigue una agenda de desregulación que incluye la flexibilización de los controles a la adquisición de tierras por parte de extranjeros. Sin embargo, la resistencia generada dentro y fuera del Congreso obligó a retirar esas modificaciones en primera instancia, aunque ahora podrían volver a la mesa de negociaciones como moneda de cambio para blindar el DNU 70/23.

Esta táctica evidencia la tensión entre la retórica oficial de defensa de la soberanía nacional y la política concreta que facilita la concentración de tierras en manos extranjeras y corporativas.

Mientras tanto, voces críticas dentro de la oposición, como el diputado Miguel Ángel Pichetto, exigieron una definición clara del gobierno de Milei, subrayando que no puede invocarse la soberanía dejando abierta la compra indiscriminada de tierras.

En paralelo a esta pugna en la esfera legislativa, organizaciones sociales ya anuncian movilizaciones para manifestar su rechazo al fallo judicial y su defensa de la Ley de Tierras, lo que anticipa una disputa que trascenderá las instituciones y que pone en juego no solo la distribución de la propiedad rural sino también la soberanía territorial y política del país.