La Corte Suprema retrocede y devuelve vigencia a la Ley de Tierras en medio de presiones políticas

La sorprendente reversión de la Corte Suprema respecto a la Ley de Tierras marca un quiebre de fondo en el escenario político y judicial del país. En medio de una inédita reacción social y política contra el fallo que dejaba librada la compra de terrenos argentinos a extranjeros, la máxima instancia judicial dispuso una medida cautelar que restituye de forma interina la vigencia de la norma que regula la venta de tierras, generando un alivio estratégico en el Gobierno de Javier Milei.

Apenas diez días atrás, la Corte había desestimado la suspensión cautelar presentada por el Centro de Excombatientes de Malvinas (CECIM), que fundamentaba su reclamo en la defensa de la soberanía nacional. Sin embargo, tras la ola de protestas y un fuerte rechazo político, se convocó a un extraordinario acuerdo con la incorporación de dos conjueces, quienes juntos con los jueces Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti determinaron habilitar una cautelar a favor de la Asociación Civil Árbol de Pie, que argumenta la defensa ambiental para sostener la vigencia de la Ley 26.737.

Cautela judicial y tensiones en el tablero político

La cautelar dictada, que suspende la derogación de la ley hasta que el Juzgado Federal de Bariloche analice la legitimidad de los actores y el fondo del amparo, se produce en un momento clave. La Casa Rosada, que ya había sufrido el rechazo al DNU 70/2023 en el Senado, enfrentaba la inminente discusión del decreto en la Cámara de Diputados prevista para el 12 de octubre, con una masiva movilización convocada en defensa de la tierra y la soberanía.

La decisión judicial no solo frena la avanzada para flexibilizar la compra de tierras a extranjeros, sino que también otorga un respiro institucional al Gobierno, que veía en la derogación una posibilidad concreta de expandir la propiedad privada sobre tierras nacionales sin limitaciones. Esta medida implica un traspié en el proyecto oficial de reformar uno de los ejes centrales de la política territorial en Argentina, y profundiza las tensiones entre los distintos poderes del Estado.

El recorrido judicial y la divergencia en la legitimación de los actores

El conflicto judicial se originó con dos demandas paralelas presentadas ante la Justicia federal por actores distintos. Por un lado, la acción colectiva impulsada por CECIM, que puso el acento en la afectación a la soberanía nacional derivada de la derogación de la Ley 26.737. Por el otro, la Asociación Civil Árbol de Pie, que basa su reclamo en la protección del derecho constitucional a un ambiente sano (artículo 41 de la Constitución Nacional), vigente desde fines de 2023.

Tras la remisión del expediente desde Bariloche a la Cámara Federal de La Plata y finalmente a la Corte Suprema, la resolución del 29 de septiembre desechó la legitimidad activa del CECIM sin abordar la constitucionalidad del DNU, lo que avivó el debate público y multiplicó las críticas hacia el máximo tribunal. Ante ese clima, Árbol de Pie insistió con una medida cautelar diferenciada, la cual finalmente encontró eco en la Corte.

El juez Carlos Rosenkrantz se pronunció en disidencia, poniendo en evidencia las fracturas internas en el tribunal ante un asunto con implicancias políticas y sociales profundas. En definitiva, esta resolución expresa una prudencia judicial, aunque provisoria, frente a un tema que sigue siendo un terreno de disputa clave entre el poder económico, el Estado y los movimientos sociales.

Esta controversia refleja las complejidades que atraviesa Argentina en materia de soberanía, medio ambiente y regulación del territorio, en un contexto donde la fragmentación política y la presión social obligan a los poderes del Estado a negociaciones y equilibrios de fuerza constantes. La restitución temporal de la Ley de Tierras permite suspender por ahora la liberalización total en la venta de tierras, pero el choque por su futuro todavía está lejos de definirse.