Mayoristas cuestionan a Sturzenegger por aportes laborales que obliga la reforma de Milei

La Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM) volvió a manifestar su rechazo al esquema de aportes laborales vigente tras la reforma impulsada por el Gobierno de Javier Milei. En particular, la entidad señaló que el Decreto 612/2026, que reglamenta aspectos clave de la Ley de Modernización Laboral 27.802, mantiene cargas económicas que consideran arbitrarias para las empresas del sector.

¿Qué dice el Decreto 612/2026?

Publicada recientemente en el Boletín Oficial, la norma apunta a definir cómo se calculan ciertos aportes derivados de convenios colectivos. El decreto establece que la base para esos aportes incluye el salario básico convencional más sumas remunerativas habituales, pero deja fuera conceptos como horas extras, bonos o aguinaldo. Además, aclara que esos fondos deben destinarse a obras sociales, asistenciales, previsionales o culturales relacionadas con los trabajadores, y deben administrarse de forma diferenciada.

Reclamo clave de CADAM: aportes obligatorios y no consensuados

CADAM cuestiona que, pese a la reforma, las empresas siguen obligadas a afrontar contribuciones establecidas por convenios colectivos a los que no adhieren voluntariamente. La entidad reclama que las compañías tengan la libertad de decidir si aportar o no a ciertas cámaras o instituciones.

Un caso emblemático para los mayoristas es el aporte al Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio (INACAP), ya que consideran injusto que deban contribuir incluso cuando sus empleados no usan esos servicios. Según CADAM, estos aportes recaudan más de $30.000 millones anuales, fondos que terminan beneficiando a organizaciones con las que las empresas no tienen vínculo formal.

Ultimátum a Sturzenegger y la reforma laboral

El señalamiento recae con dureza sobre Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, responsable de llevar adelante la implementación reglamentaria. Desde CADAM advierten que la reforma prometía aliviar cargas y costos laborales no consensuados, pero que el decreto reintroduce mecanismos contradictorios con ese objetivo.

“No puede ser que luego de sancionada la ley, por su reglamentación se vuelva a imponer una contribución que las empresas no decidieron voluntariamente”, indicaron.

El reclamo no busca impedir la financiación de cámaras empresarias, sino discutir la obligatoriedad y origen de estas contribuciones, en un contexto donde las empresas mayores insisten en su derecho a elegir qué estructuras apoyar.

Así, la pulseada entre los mayoristas y el Gobierno pone foco en quién debería hacerse cargo de los costos derivados de los convenios colectivos y bajo qué reglas se deben establecer los aportes laborales, en plena etapa de consolidación de la reforma laboral de Milei.